Lobby naranja que pone en peligro a pueblos indígenas en aislamiento

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Redacción Wayka

Lobby naranja que pone en peligro a pueblos indígenas en aislamiento.

Se hacen llamar la Coordinadora por el Desarrollo de Loreto y dicen promover una “Amazonía productiva”. Sin embargo, se trata de un grupo de empresarios vinculados a la industria de madera y cercanos al partido de Fuerza Popular, que ejercen lobby en el Congreso y el Gobierno para que se modifique la Ley de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial, conocida como ley PIACI, en beneficio de sus negocios e intereses económicos, según denuncia la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente.

En los últimos meses, según fotos de sus redes sociales y los registros de visitas del Parlamento, la Coordinadora por el Desarrollo de Loreto se ha reunido con congresistas de las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza Para el Progreso, Perú Libre y Somos Perú. En las últimas semanas, además, han llegado al premier Aníbal Torres y su ministro de Cultura, Alejandro Salas Zegarra. El motivo, en todas las reuniones, fue el mismo: debilitar la Ley PIACI. 

Wayka ha identificado un grupo de «operadores fujimoristas» en la sombra. El pasado miércoles 18 de mayo, en las instalaciones de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Loreto del Ministerio de Cultura, se llevaba a cabo una mesa técnica con organizaciones indígenas sobre el fortalecimiento de los mecanismos de protección de la Ley PIACI. 

A esta reunión se presentaron varios miembros de la Coordinadora por el Desarrollo de Loreto, como Christian Pinasco y José Soplín. Y con ellos llegaron Manuel Noriega Tello y Augusto Cabanillas, ambos asesores del congresista Jorge Morante de la bancada de Fuerza Popular. 

Según fuentes de las organizaciones indígenas, ambos serían los «operadores» en la sombra de este grupo y, como muestran las fotos, participan en reuniones de coordinación. El asesor parlamentario Augusto Cabanillas, incluso, aparece en las reuniones de la Coordinadora por el Desarrollo de Loreto con los congresistas José Jerí de Somos Perú y Waldemar Cerrón de Perú Libre llevadas a cabo el pasado jueves 26 de mayo.

Presidente Castillo no observa ley que podría eliminar educación sexual integral.

Ni el Ministerio de Educación ni el presidente Pedro Castillo han reaccionado para detener la promulgación del proyecto de ley nº 904, que promueve el veto de la educación sexual integral en materiales escolares. Desde la sociedad civil hasta organismos internacionales como la OEA se han pronunciado en contra del retroceso educativo. 

La autógrafa de la ley promovida por el congresista evangélico Esdras Medina de Renovación Popular tenía un período de 15 días hábiles para ser observada por el Ejecutivo. Sin embargo, aún el presidente Castillo ni el primer ministro Aníbal Torres se han pronunciado al respecto. 

El presidente Castillo tampoco ha emitido ningún comentario desde que se advirtió que el proyecto de ley era una amenaza a la rectoría del Ministerio de Educación, cuyos expertos en la materia elaboran los materiales educativos, y ya no será así. 

Comunidades del norte de Perú llegaron a Lima para pedir anulación de concesiones mineras.

Comunidades campesinas de la Coordinadora de Organizaciones Defensoras por el Territorio y la Soberanía de la Macronorte Perú (CODEF NORTE), realizó un plantón en la Plaza San Martín para exigir al gobierno de Pedro Castillo el respeto al derecho a la consulta previa. 

Las comunidades también exigen la anulación de concesiones mineras en sus territorios y que el Estado peruano garantice el Convenio 169 de la OIT que los protegería de ser desplazados de sus territorios.

Las y los campesinos denuncian que las concesiones mineras otorgadas a empresas en los territorios de las comunidades de San Juan de Kañaris (Lambayeque), Segunda y Cajas, y Yanta (Piura), y Perlamayo Capilla – Chugur (Cajamarca), se ubican en las cabeceras que abastecen de agua a las poblaciones y son una amenaza de contaminación a los recursos hídricos.

«Queremos que el Estado deje de despojarnos de nuestros territorios y declare la nulidad de todas las concesiones mineras, porque tenemos temor que causen daños ambientales irreversibles a nuestros bosques, ríos, suelos, animales, plantas, poniendo en riesgo incluso nuestra existencia como pueblo indígena», señala Rosa Sara Huamán, lideresa de la comunidad de Cañaris (Lambayeque), para Wayka.