Paro nacional indefinido inició el gremio de transportistas de carga pesada

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Redacción: Wayka

El gobierno de Pedro Castillo no llegó a un acuerdo con el gremio de transportistas de carga pesada y este lunes 27 de junio se reinició la paralización indefinida en distintas regiones del país.

La medida se da contra el alza del precio del combustible, los peajes, los costos mínimos de operación, entre otros reclamos. Sin embargo, hasta el momento, la paralización no registra conflictos. Varios puntos permanecen con normalidad y no hay desabastecimiento en mercados.

El viceministro de Economía, Alex Contreras, afirmó que se trató de mejorar la propuesta del Ejecutivo para atender la incertidumbre de los precios del combustible. Sin embargo, tras el diálogo, no hubo acuerdo con los transportistas. Javier Marchese, de la Unión Nacional de Transportistas (UNT), declaró que solo levantarán la medida si el gobierno promulga los decretos que atienden sus reclamos. 

Por su parte, el gobierno declaró Estado de emergencia en la Red Vial Nacional por 30 días. De acuerdo al decreto promulgado de manera extraordinaria, quedan suspendidos los derechos constitucionales como la libertad de tránsito, libertad de reunión y libertad y seguridad personales. Además, la norma señala la intervención de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas. 

Entre tanto, cinco gremios de transporte público urbano de Lima y Callao anunciaron que paralizarán el 4 de julio, ante la negativa de subvencionar el precio de los combustibles.

El Estado peruano ratificó el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. 

¿Qué trae de novedoso esta norma internacional? Se trata del primer convenio que aborda de manera directa y explícita la violencia en el mundo del trabajo, donde las mujeres son las personas más afectadas. 

Alvaro Vidal, docente del Derecho del Trabajo y Seguridad Social, fue parte de la delegación peruana que participó en el debate y aprobación del convenio, y explica que esta norma internacional tiene una mirada integral del mundo del trabajo.

En ella están incluidos trabajadores formales, informales, en situación precaria, migrantes, practicantes y pasantes. Además, se considera el trabajo en el hogar, sea remunerado o no; el trabajo de niñas, adolescentes y madres. Y también se aplica indistintamente a la identidad sexual de los trabajadores. 

De acuerdo a información de Sunafil, en ocho años, se emitió 166 actas de infracción por hostigamiento sexual laboral en empresas; la mayoría de denuncias fueron presentadas por mujeres. 

El gobierno tendrá 12 meses para implementar el convenio a las normas nacionales, antes de su entrada en vigor. La OIT prevé fiscalizar su aplicación cada seis años.

Esta mañana se programó la sesión de la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, presidida por la legisladora Rosio Torres de APP, donde se descartó el pedido de reconsideración para volver a votar el ‘informe Cavero’. 

Como se recuerda, el 17 de junio, esta subcomisión aprobó el informe que recomienda archivar la denuncia constitucional contra Manuel Merino y exministros, y donde se encubre a la PNP por la brutal represión policial perpetrada durante el golpe de Estado de noviembre de 2020. 

La votación de reconsideración fue rechazada con 6 votos a favor y 6 en contra. Al quedar empatadas, el pedido fue rechazado y no procedió. De esta manera, se ratificó la impunidad de las muertes de Inti y Bryan, y de las decenas de heridos que aún afrontan la secuela de la violencia estatal.